Sheinbaum propone reforma electoral: recorta senadores y fondos a partidos
Para transformar el sistema democrático del país, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una amplia iniciativa de reforma electoral que plantea modificar 11 artículos constitucionales. El documento fue recibido formalmente por Kenia López Rabadán, titular de la Mesa Directiva, marcando el arranque de su análisis en comisiones.
La propuesta destaca por no alterar la estructura del Instituto Nacional Electoral ni eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, aunque sugiere que los cómputos distritales inicien la misma noche de los comicios.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la reconfiguración del Poder Legislativo. En la Cámara Baja se conserva el total de 500 legisladores, pero cambia radicalmente la designación de los 200 plurinominales. La mitad de estos espacios será para los candidatos que obtuvieron los mejores porcentajes de votación sin ganar su distrito, mientras que el resto se definirá mediante listas regionales que obligatoriamente incluirán a mexicanos radicados en el extranjero.
Por su parte, el Senado experimentaría una reducción de 128 a 96 escaños al eliminar por completo a los 32 representantes de la lista nacional, conservando únicamente a los electos por mayoría relativa y primera minoría en cada entidad federativa.
En el terreno económico, el gobierno federal busca un ahorro sustancial al disminuir en un 25 por ciento el financiamiento ordinario de las fuerzas políticas, modificando la fórmula de cálculo basada en la Unidad de Medida y Actualización. A la par, se endurecen drásticamente las reglas de fiscalización: quedarán prohibidas las aportaciones en efectivo, de origen ilícito o extranjero, forzando a que todo donativo fluya a través del sistema financiero con reporte directo al órgano electoral.
El documento también contempla recortar de 48 a 35 minutos diarios los tiempos oficiales de propaganda en radio y televisión. Asimismo, introduce una regulación pionera al obligar a etiquetar cualquier contenido de campaña generado o manipulado con inteligencia artificial, exigiendo a medios y plataformas digitales bloquear el material que no cumpla con esta identificación.
Finalmente, la iniciativa impulsa mecanismos de democracia directa como referéndums y consultas populares, estableciendo que sus resultados serán vinculantes si se alcanza una participación del 40 por ciento del padrón, y ordena que ningún funcionario electoral gane más que la presidenta a partir de 2027.
