Se acabó el descanso: Proponen que diputados y senadores cumplan jornada obligatoria de 48 horas
Trascendió en reportes recientes que la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó un proyecto para reformar los artículos 52 y 56 de la Constitución, con el fin de imponer una jornada laboral obligatoria de 48 horas a la semana para senadores y diputados federales. La iniciativa proyecta que, para el año 2030, esta obligación disminuya a 40 horas, emparejándose con la reforma laboral aprobada para la clase trabajadora del país.
Según informaron medios nacionales, la legisladora criticó severamente el ausentismo en el recinto. Argumentó que los representantes populares no pueden exigirle a la ciudadanía trabajar 48 horas mientras ellos asisten apenas dos días seguidos y descansan el resto de la semana, enfatizando que el Congreso está obligado a poner el ejemplo.
Para garantizar el cumplimiento de esta medida, se plantean modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso y a su reglamento interno. Entre las cláusulas más estrictas se encuentra la aplicación de descuentos proporcionales a la dieta y a otras prerrogativas de los legisladores que no cubran su cuota horaria. El tiempo de trabajo deberá justificarse mediante reportes que avalen la asistencia a sesiones del pleno, comisiones, grupos de trabajo, así como horas de estudio, análisis y dictaminación.
Para sustentar su exigencia, Ballesteros reveló que más del 30 por ciento de los diputados de la actual Legislatura no ha presentado ni una sola iniciativa. Además, denunció que las inasistencias rondan el 20 por ciento en cada sesión y que los días miércoles se abusa del formato semipresencial.
Por otro lado, el paquete legislativo también contempla una iniciativa de reforma electoral orientada a frenar la infiltración del crimen organizado en los comicios mediante auditorías en tiempo real. Esta normativa prohibirá el uso de dinero en efectivo o recursos de procedencia extranjera e ilícita. Se obligará a que toda aportación se canalice a través del sistema financiero, sin ser deducible de impuestos, y los gastos de campañas o precampañas deberán reportarse rigurosamente al INE, manteniendo la información bajo confidencialidad exclusiva para los procesos de fiscalización.
