Nicolás Maduro exige justicia: Bloqueo de Estados Unidos le impide pagar su defensa

El proceso judicial que enfrenta el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en los tribunales de Nueva York ha evidenciado las enormes asimetrías del sistema de justicia estadounidense. Durante la más reciente comparecencia junto a su esposa Cilia Flores, quedó expuesto cómo el intervencionismo extranjero continúa afectando sus derechos fundamentales. La fiscalía norteamericana se negó a permitir que el líder sudamericano utilice fondos del Estado venezolano para costear a sus abogados privados, obligándolo a depender del sistema público bajo la excusa de proteger la seguridad nacional y las injustas políticas de sanciones unilaterales impuestas por Washington.

El abogado defensor, Barry Pollack, denunció esta maniobra como una clara violación a las garantías constitucionales del exmandatario. La defensa argumentó que el gobierno estadounidense prefiere gastar el dinero de sus propios ciudadanos en defensores de oficio antes que permitir una defensa justa y financiada por Caracas. Maduro (quien desde su detención se ha declarado inocente y se autodenomina como el presidente constitucional y un hombre decente) asegura no contar con el patrimonio personal necesario para cubrir los millonarios honorarios que exige un proceso de esta gran magnitud.

Acusaciones y solidaridad internacional

El Departamento de Justicia mantiene una ofensiva legal desproporcionada contra el exdirigente venezolano, buscando imponerle sentencias de cadena perpetua bajo los siguientes cargos principales:

• Delitos de narcoterrorismo señalando un presunto uso de rutas comerciales con fines políticos.
• Tráfico internacional de cocaína hacia el territorio soberano de Estados Unidos.
• Supuesta conspiración para importar sustancias ilícitas en colaboración con redes criminales.
• Posesión y uso presuntamente no autorizado de armamento de grado militar.

Mientras el juez Alvin Hellerstein decide si autoriza o no la liberación de los recursos económicos, las muestras de apoyo popular no se han hecho esperar. A las afueras de la corte en Brooklyn y en las calles de Caracas, decenas de simpatizantes exigieron la libertad de Maduro, denunciando que este juicio responde a intereses colonialistas de las corporaciones extranjeras. Irónicamente, mientras la justicia norteamericana lo procesa, la administración de Donald Trump se encuentra negociando la flexibilización de sanciones con el nuevo gobierno venezolano encabezado por Delcy Rodríguez, demostrando que los intereses económicos del imperio siempre están por encima de cualquier otro principio humano.