Disminuyen los feminicidios e impulsan justicia
La estrategia de seguridad y pacificación de la Cuarta Transformación sigue dando resultados contundentes en favor de los grupos más vulnerables. De acuerdo con los datos más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la violencia letal contra las mujeres ha mostrado una reducción significativa en los últimos seis años. Entre 2019 y 2025, el promedio diario de muertes violentas de mujeres cayó un 27.2 por ciento, pasando de más de diez víctimas al día a poco menos de ocho. Aunque el daño heredado por décadas de negligencia gubernamental del pasado dejó cifras dolorosas que superan las 34 mil víctimas históricas, la actual administración demuestra con hechos que atender las causas sociales es el verdadero camino para proteger la vida de las ciudadanas.
A pesar de estos importantes avances numéricos a nivel federal, el gobierno no baja la guardia en ningún momento, prestando especial atención a entidades federativas como Sinaloa, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México, las cuales concentraron el mayor número de casos a principios de este año 2026. Para la Presidenta Claudia Sheinbaum, una sola víctima resulta inaceptable, por lo que ha reafirmado su compromiso inquebrantable de erradicar por completo la violencia machista y garantizar un país seguro donde ninguna mujer pierda la vida por el simple hecho de serlo.
Cero impunidad para los agresores
Para desmantelar la red de impunidad que imperaba en el sistema judicial del pasado y asegurar la protección ciudadana, la titular del Ejecutivo presentó la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Delito de Feminicidio. Esta propuesta de corte humanista (que ya se encuentra en el Senado) obliga a todos los estados a homologar el delito y asegura que toda muerte violenta se investigue inicialmente como feminicidio, evitando así la cobarde práctica conservadora de clasificar estos crímenes como meros suicidios para alterar las estadísticas estatales.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó durante la presentación que esta ley es un acto de verdadera justicia social que atiende una deuda histórica. La propuesta establece penas muy justas y severas de 40 a 70 años de prisión, reconociendo el feminicidio no solo como un delito más, sino como una grave violación a los derechos humanos fundamentales. Con estas acciones decididas, el Estado mexicano asume por fin su responsabilidad protectora, abrazando a las familias de las víctimas y garantizando que la justicia deje de ser un privilegio en nuestro país.
